Dialogar si sirve: así se hizo la transición y el sistema de protección social

Dialogar si sirve: así se hizo la transición y el sistema de protección social

Yo, en el caso de dedicarme a la política, nunca habría denostado al régimen llamado del 78 ni el sistema de protección social que se cimenta sobre el mismo. Gracias a ese régimen los españoles han gozado de libertad y democracia como nunca antes y además han conseguido la admiración del mundo por su capacidad para enterrar un régimen totalitario sin apenas derramamiento de sangre, lo que fue un hito en la Historia Contemporánea de la Humanidad.

Este régimen ha sabido realizar, también, una transición social llevando a los españoles de un sistema de caridad y desigualdades a un régimen de protección social no solo equiparable en muchos aspectos sino superior al de otros países más avanzados.

Quiero aprovechar, antes de reproducir el texto de un artículo que publiqué en el año 1996 ¡hace 20 años! en el diario El Mundo y que conviene recordar por su actualidad, para elogiar a las personas, de derechas, sí del PP, y de izquierdas, sí del Psoe, que dieron lo mejor de sí para que en una tesitura complicada se firmaran unos acuerdos que desarrollaron el Pacto de Toledo y a los que yo me referí en este articulo como “los acuerdos que han dado fin a la transición social”.

Aquellos acuerdos se firmaron, tras meses de reuniones, horas y horas de trabajo, con la más absoluta discreción, por el gobierno, entonces presidido por el Sr. Aznar, los dos Sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y fue ratificado por una amplia mayoría del Parlamento. Fueron firmados en plena ofensiva de las compañías de seguros privados y los fondos de pensiones, de los bancos y en contra de muchos abogados de renombre y de todos aquellos que se negaban a cualquier acuerdo sindical, a todo consenso, a toda posibilidad de normalidad en las relaciones políticas y sindicales incluidos los dirigentes empresariales del momento.

TRIBUNA LIBRE

El gran pacto de las pensiones NUESTRO sistema de Seguridad Social es, probablemente, la institución que mayores y más profundas transformaciones ha sufrido a lo largo de los años, siempre relacionadas con la situación política del país. Es más, no es exagerado afirmar que la Seguridad Social ha sido permanentemente utilizada para resolver problemas ajenos a ella, o bien como instrumento para la aplicación de determinadas políticas económicas, que nada tenían que ver con la protección social.

Fue el franquismo, heredero de la doctrina social del falangismo, quien estableció el primer sistema de seguros sociales en España, unificando los instrumentos de protección social que de forma dispersa habían ido configurando desde principios de siglo.

La situación de «bonanza económica» empieza a cambiar a partir de 1975, momento en que el país también empieza a sufrir los efectos de la crisis del petróleo y entra en un ciclo de recesión económica. Crisis que coincide además con la instauración de la democracia en España. A partir de este momento, la Constitución de 1978 -que define nuestro Estado como social y democrático de Derecho- eleva al rango de derecho sociales todas las contingencias protegidas por nuestro sistema de Seguridad Social, comprometiéndose los poderes públicos a garantizar su cobertura y consagrándose en el texto constitucional un sistema estructurado en tres niveles: universal, contributivo y complementario de carácter voluntario.

Mientras tanto, la crisis económica se acentúa, los niveles de desempleo se incrementan de forma alarmante y además el sistema empieza a sentir el gasto generado por un creciente número de pensionistas. Sin embargo, se dejan pasar los primeros años de la etapa democrática sin abordar tan siquiera un proceso de reflexión en torno al futuro de un sistema como el nuestro ya maduro e inmerso en el ciclo continuo de recesión-recuperación al que, al parecer, estamos definitivamente abocados. ¿Qué puede explicar esta incomprensible falta de visión? La respuesta es simple: la Seguridad Social se utilizó como un instrumento de moderación de las tensiones sociales generadas por las reformas. Superada la fase de mayor conflictividad social, vinculada obviamente a los procesos de reconversión industrial, la solución por la que se opta es por imponer en 1985 una Ley de Pensiones que, además de no resolver ninguno de los problemas esenciales del sistema, introduce un recorte sustancial en las prestaciones al aumentar el número mínimo de años cotizados de 10 a 15, y ampliar bruscamente, el número de años contemplados para calcular la pensión de dos a ocho.

No es necesario recordar las repercusiones que esta medida tuvo en el panorama político español y más concretamente en el ámbito de la izquierda. La huelga general de 1988 y los acuerdos alcanzados en 1990 imponen el desarrollo del nivel universal de protección social contemplado en la Constitución, que se concreta en el nacimiento de las pensiones no contributivas y la universalización de la asistencia sanitaria. Esto que, evidentemente, supone cuadrar el círculo del sistema de protección social público, implica un crecimiento del gasto que no se ha compensado por un incremento proporcional de la aportación del Estado para el sostenimiento de las prestaciones universales. La consecuencia lógica es una mayor carga financiera para el nivel contributivo del sistema, lo que evidentemente agrava la situación ya creada por la incidencia de factores como la caída del empleo, y por lo tanto de cotizaciones, y la propia maduración del sistema. Y ésta es la realidad con la que nos encontramos en 1996, que convenientemente magnificada de forma catastrofista, ha sido utilizada por sectores económicos interesados en transformar nuestro sistema público de pensiones en un sistema privado basado en la insolidaridad.

Frente a estas disfunciones y a diferencia de lo ocurrido en reformas anteriores, el procedimiento por el que se ha optado, tanto en la anterior etapa de gobierno como en la actual, ha sido concitar el mayor consenso posible en torno a las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del sistema en el futuro.

Consenso que cristaliza, en primer lugar, en el Pacto de Toledo, como expresión inequívoca de la voluntad del conjunto de los ciudadanos de mantener el sistema de protección social tal como se encuentra configurado en la actualidad. Y que cristaliza, en segundo lugar, en el reciente acuerdo con los sindicatos, representantes al fin y al cabo, de quienes soportan la mayor carga financiera del sistema y además son destinatarios de las posibles reformas a adoptar. Son tres los objetivos que recoge este nuevo acuerdo y que además han definido las posiciones que a lo largo del proceso de negociación hemos mantenido los sindicatos.

En primer lugar, garantizar el mantenimiento y mejora del sistema público de protección social. Esto se concreta en el compromiso formal del Gobierno de mantener y si es posible en función de la evolución de la economía, incrementar la actual participación del gasto de protección social sobre el PIB. Lo que a su vez implica un segundo compromiso en cuanto a garantizar la suficiencia de los recursos destinados a hacer frente a este gasto. Igualmente, llevando a la práctica también desde el punto de vista financiero el modelo constitucional de protección social, se inicia un proceso de separación gradual de las fuentes de financiación, de manera que éstas se adapten a la naturaleza de las prestaciones. Esto significa que el nivel no contributivo al final de este proceso se financiará exclusivamente mediante impuestos, puesto que sus prestaciones son de carácter universal, accesibles por lo tanto a todos los ciudadanos y en consecuencia financiables con el esfuerzo solidario del conjunto de la sociedad a través de la fiscalidad general. De la misma manera, las prestaciones contributivas, vinculadas al ejercicio de una actividad laboral y financiadas mediante aportaciones realizadas sobre las rentas del trabajo, se financiarán básicamente mediante cotizaciones sociales, dejando abierta la posibilidad de que en el futuro se articulen fuentes de financiación alternativas y complementarias a las cotizaciones más directamente relacionadas con el crecimiento de la riqueza.

Un segundo objetivo es reforzar la solidaridad interna del sistema público de pensiones fortaleciendo al mismo tiempo su carácter contributivo. De esta manera es posible eliminar las situaciones de inequidad y en muchos casos de auténtica injusticia, que en la actualidad se dan en el acceso a las prestaciones. Este objetivo se concreta en cinco medidas específicas: la equiparación del peso de los años cotizados y la ampliación del número de años que se toman para calcular la pensión, que permiten vincular más directamente la cuantía de la pensión al esfuerzo real de cotización que se ha realizado a lo largo de los años; la garantía de revalorización de las pensiones; la reducción de los coeficientes reductores por jubilación anticipada forzosa para quienes acrediten 40 años de cotización y la mejora de las pensiones de viudedad y orfandad.

El último objetivo era lograr una mayor participación de los sindicatos en los procesos de toma de decisiones que afectan al sistema y su futuro, en el entendimiento de que esto, a su vez, implica un mayor grado de corresponsabilidad en su funcionamiento. Y en este sentido, creo que los sindicatos hemos dado muestras a lo largo de todo el periodo de tiempo que va desde la aprobación del Pacto de Toledo hasta la firma de este acuerdo, de priorizar a la hora de elaborar nuestras propuestas, criterios de racionalidad y responsabilidad. Se trataba de llevar a la práctica nuestra convicción sobre la necesidad de superar determinadas actitudes basadas en una concepción de lo público, y el sistema de pensiones es especialmente significativo, basado en su identificación exclusiva con lo estatal. Esto ha hecho que a lo largo de los años muchos sectores hayan entendido que la resolución de las dificultades del sistema era responsabilidad exclusiva del Estado, sin comprender que los primeros interesados en resolver los problemas haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar su viabilidad y fortalecimiento en el futuro, somos quienes algún día seremos beneficiarios de sus prestaciones, sobre todo quienes además tenemos pocas posibilidades de complementar nuestra pensión a través de planes privados de pensiones.

Mantener posiciones numantinas respecto de la necesidad de introducir reformas o plantear que es mejor dejar las cosas como están, significa a corto plazo dejar vía libre a quienes defienden un modelo totalmente distinto al nuestro, porque la realidad nos dice que si no introducimos medidas correctoras el sistema puede tener serias dificultades.

Finalmente, creo que la forma de abordar este proceso de reforma, el efecto de las medidas que se contemplan y el camino que hemos abierto hacia el futuro, culminan en nuestro país lo que podríamos denominar la transición social, en el sentido de que las diferentes instituciones que constitucionalmente tenemos responsabilidades en este ámbito asumimos de forma indiscutible nuestras respectivas funciones. La Seguridad Social, en definitiva, se configura como un instrumento de protección social colectiva y solidaria frente a determinados riesgos, dejando por lo tanto de actuar como «colchón» amortiguador de conflictos sociales o instrumento de confrontación política.

Pedro Díaz Chavero es Secretario de Acción Institucional de UGT.